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"Familias" y "participación": un análisis comparativo de la Ley 1.420, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional

 


 

Contemporáneamente, buena parte de los debates referidos a la escolarización infantil, y más específicamente, sobre el lugar que deben ocupar los adultos vinculados a los niños en el ámbito doméstico en relación con la escuela, se dirime en torno de la categoría “participación”. Es decir, en el ámbito educativo -concretamente en referencia tanto a lo que sucede en las escuelas como a buena parte de la producción de documentación e implementación de proyectos y programas ministeriales y de organismos internacionales- los interrogantes en torno a cómo deberían actuar e interactuar las personas directamente vinculadas con la escolarización de los niños se plantean recurrentemente en términos de esta categoría. En ella se condensan una multiplicidad de sentidos y representaciones sobre las obligaciones y responsabilidades de los tutores de los niños frente al desarrollo de la escolaridad. Se trata de sentidos activamente construidos y disputados por los sujetos, y se articulan con una diversidad importante de prácticas que también los ponen frecuentemente en tensión.

Esta relevancia social que ha cobrado la “participación” en los últimos años es parte de un proceso de reconfiguración de los modos en que se representa la relación entre las familias y las escuelas (Cerletti, 2010), que por cierto no se restringe a nuestro país. Tal como señala la investigadora brasileña Maria Alice Nogueira (2011), estas nuevas ideas sobre las formas consideradas deseables de interacción entre las familias y las escuelas no son identificables solo entre docentes y padres de los niños, sino también en el plano de las políticas públicas en educación desarrolladas en diversos países (Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Brasil, entre otros), e impulsadas por organismos internacionales tales como UNESCO y UNICEF (ver por ejemplo UNICEF, 2002; Blanco y Umayahara, 2004). Más allá de sus particularidades locales, estas políticas tienen en común recomendar a través de diversos medios y medidas la interlocución y colaboración entre los padres y la escuela (Nogueira, 2011). También como parte de este proceso se registra una creciente producción de publicaciones de diverso corte dedicadas a la problemática de las relaciones familias-escuelas, en las que priman las sugerencias y recomendaciones, y dentro de las cuales las apelaciones a la “participación” cobran un lugar central.

Por tanto, ante la recurrencia con la que es usada (y prescripta) desde diversos abordajes y producciones teóricas, la desnaturalización de esta categoría adquiere particular relevancia en la actualidad. Así, este artículo busca contribuir a ello poniendo  en evidencia y comparandola presencia y los sentidos que ha tenido en tres leyes educativas de suma trascendencia en la historia de nuestro país: la Ley 1.420, la Ley Federal de Educación y Ley de Educación Nacional, en relación con el lugar otorgado a las familias de los niños en las mismas. Como punto de partida, es insoslayable mencionar que el análisis comparativo de estas leyes sobre el eje de la “participación” y el lugar de las “familias” implica abrir una discusión sobre los cambios y continuidades en las articulaciones entre el Estado, las escuelas y la sociedad. Este análisis permite historizar e identificar indicios de los sentidos con los que se ha ido regulando esta relación, abordando así una temática que no sólo ha cobrado peso por su presencia en publicaciones y diversos lineamientos de políticas, sino también por la frecuencia y recurrencia con que se registra en la cotidianeidad de las escuelas.

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  Año 27 / NOV / 2018.02
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