Propuesta Educativa 50
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Treinta aos de la revista Propuesta Educativa en el marco de la democracia

Derecho y conflicto en la escuela media

 


 
Cuando el derecho examina las “tomas” de colegios, por parte de los estudiantes, debe hacerse algunas preguntas elementales, antes que ofrecer, apresuradamente, una respuesta -mucho más, antes de ofrecer respuestas coercitivas-. 
 
Una primera pregunta posible se refiere a los derechos involucrados en la protesta, bajo la conciencia de que en este caso, como suele ocurrir, son varios los derechos que están en juego. ¿Cuáles son, entonces, específicamente, los derechos que se enfrentan? Y, en relación con cada uno de ellos: ¿Qué relevancia tiene el derecho afectado? Se trata de un derecho constitucional? Y sobre tal derecho: ¿Qué seriedad tiene el agravio que se ha causado sobre el mismo? Aquí hablamos de derechos variados que incluyen, entre otros, algunos muy íntimamente vinculados con alguno de los nervios más sensibles de la Constitución, como el derecho a la educación. Por supuesto, el derecho a la educación puede ser vulnerado de modos diversos. Sin embargo, lo que denuncian las tomas son violaciones especialmente graves, porque implican afectaciones serias sobre las posibilidades de hacer efectivo al derecho a la educación, de un modo mínimamente digno. ¿Quiere decir esto que, por tanto, se justifica cualquier reacción por parte de estudiantes, padres, y comunidad educativa, en general? No, en absoluto. Pero sí es importante dejar asentado esa modalidad grave de la violación de un derecho constitucional.
 
Una segunda pregunta posible sería: ¿Existen o existían formas menos lesivas para los derechos de terceros, que las seleccionadas por los estudiantes para sus protestas? ¿Contaban ellos con vías de expresión y protesta alternativas, igualmente aptas para llamar la atención sobre ciertos problemas, y para así exigir soluciones frente a los mismos? La respuesta a esta pregunta puede modificarse de acuerdo a cuál sea el caso específico en el que pensemos. Mi impresión general es que los estudiantes han gestionado estas protestas de modo bastante sensato, y que parte del fortalecimiento de sus reclamos se debió a la obstinada negativa o desdén de las autoridades para cumplir con sus obligaciones básicas. No quisiera asumir una posición dogmática al respecto, y en todo caso estaría dispuesto a modificar el análisis en lo que fuera necesario: el valor y la legitimidad de la protesta depende, también, de los medios que se utilizan para llevarla a cabo (Por ejemplo, si, para protestar, los estudiantes comenzaran a agredir físicamente a las autoridades de sus colegios, sus reclamos merecerían perder parte de la protección que debemos garantizarle. Pero, insisto, por fortuna, éste no ha sido el caso).
 
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  Año 27 / NOV / 2018.02
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