Propuesta Educativa 36
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Las nuevas formas de regulación educativa

Introducción

 


 
Introducción
 
Cuando todavía es incierta la resolución de la crisis financiera mundial, la única certeza que despunta en el horizonte es precisamente el colapso del ideario neo-liberal que orientó la nueva era del capitalismo global. Después de dos décadas de hegemonía de pensamiento único bajo el signo de la “economía de mercado”, viejas palabras como “intervencionismo” y “regulación” parecen retornar como espectros de un tiempo que se creía pasado, y que resurgen, paradójicamente, en la boca de muchos que hasta hace poco exorcizaron esas mismas palabras. Con todo, este revival de discursos neo-keynesianos no debería llevar a conclusiones apresuradas que alimenten falsas expectativas de una vuelta de políticas “welfaristas”, puesto que las fuerzas desatadas por la crisis ciertamente se sustentan en la profunda reestructuración económica, política y cultural de las mismas sociedades de bienestar.
 
Lejos de estar inmunes a estas tendencias, las sociedades latinoamericanas miran con recelo el decurso de una crisis que por su magnitud resulta imposible no recibir sus consecuencias y efectos en un mundo globalizado. Con todo, y a diferencia de otras décadas, la continuidad democrática lograda no sin conflictos y tensiones, sumado a un ciclo de crecimiento económico basado en la exportación de productos primarios, encuentra a la región en mejores posibilidades para afrontar no solamente la crisis internacional sino también para resolver los problemas históricos -que devienen de su contradictorio ingreso a la modernidad- y los nuevos desafíos que expresa la actual coyuntura.
 
En este escenario signado por la incertidumbre y la complejidad creciente deben ubicarse los problemas de la educación y los sistemas educativos que, si bien atraviesan una situación de crisis, la misma no es el mero reflejo de los procesos antes señalados, sino por el contrario, condensa tendencias estructurales de muy larga data que se solapan con los procesos en curso.
 
Quizás la problemática del gobierno de lo social-estatal sea aquella que revela con mayor claridad los puntos de contacto con las dificultades y complejidad que asume hoy el gobierno de la educación. En este sentido, los sistemas educativos como parte de la conformación estatalnacional se erigieron alrededor de un modelo de organización burocrática cuyos rasgos principales estaban definidos por una estructura jerárquica y vertical, la diferenciación de roles y funciones, y un conjunto de normas y procedimientos. De tal forma, el gobierno del sistema educativo entendido como la capacidad de direccionar y regular al conjunto de los actores e instituciones descansaba por un lado, sobre la homogeneidad y verticalidad de las acciones estatales, y por otro, sobre una clara diferenciación entre los que piensan la política (especialistas, técnicos, políticos) y los que ejecutan cotidianamente esa política (maestros y alumnos). 
 
Esta forma de gobernar la educación ya mostraba sus limitaciones y dificultades en los años setenta, los cuales se transformaron en claros signos de agotamiento hacia la década de los noventa. Ciertamente, las reformas educativas supusieron un cambio sustantivo en la forma de concebir esta función que se expresará en el desplazamiento de las viejas modalidades de gobierno de control burocrático hacia las nuevas formas de regulación basado en el control a distancia por resultados. En rigor, más que un reemplazo lo que acontece es una suerte de superposición híbrida entre ambas modalidades de gobierno donde conviven contradictoriamente lógicas y racionalidades distintas.
 
Paradójicamente, en el corazón de estas nuevas formas de regulación se encuentra uno de los dispositivos más antiguos y constitutivos de la escuela moderna como es el de la evaluación. Así, la expansión a nivel internacional de los sistemas de evaluación de la calidad y en general de la “evaluación educativa” como conocimiento experto y campo profesional da cuenta no sólo de la emergencia de estas nuevas modalidades de control sino también del cambio en las relaciones entre el nivel central y los actores del sistema educativo, y entre éstos y la sociedad civil.
 
En buena medida, el conjunto de artículos que componen el presente dossier se inscriben en el cruce de estas dos preocupaciones: por un lado, la reflexión sobre estas nuevas formas de regulación, y por otro, el análisis sobre el creciente papel de la evaluación como dispositivo estratégico y conocimiento especializado en estas nuevas formas que asume el gobierno de la educación y en otras áreas estatales y societales.
 
Así, partiendo de la pregunta sobre cuál es el papel del conocimiento en la construcción y regulación de las políticas públicas, el trabajo de João Barroso y Luís Miguel Carvalho nos introduce en las transformaciones recientes en la relación entre conocimiento y política, problemática que los autores caracterizan por el aumento del volumen, la pluralidad y circulación de saberes en las políticas públicas, hecho que tiene como consecuencia el cambio en el balance de poderes y capacidades de los diferentes actores. Ejemplificando estas tendencias analizan el instrumento de regulación basado en conocimientos quizás más importante a nivel internacional como son las pruebas de evaluación de la calidad de PISA.
 
Como parte de esta tendencia, el aumento de la presencia a escala global y en nuestro país del Programa de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate), que analiza el trabajo de Sandra Ziegler, da cuenta de la fuerza performativa de los sistemas de exámenes internacionales como instrumento de regulación de las instituciones y el trabajo de los profesores. Apoyándose en la conceptualización desarrollada por Barroso, el artículo llama la atención sobre los comportamientos contradictorios de los docentes y los efectos imprevistos del programa, los cuales ponen de manifiesto el complejo proceso de interpretación y apropiación particular que se desarrolla a nivel local, en un modelo que supone patrones de funcionamiento uniformes.
 
Aunque no es una práctica nueva en la ciencia, la evaluación de la actividad científica se ha convertido en las últimas décadas en una suerte de imperativo de las políticas del sector donde se centran las esperanzas de aumentar la cantidad de publicaciones aunque, como bien lo señala Pablo Kreimer, cada vez se lea menos. Al respecto, el autor propone una hipótesis por demás sugerente acerca del papel de la evaluación científica en la región, donde la racionalidad burocrática que la caracteriza resulta funcional al contexto de una ciencia globalizada que expresa las necesidades públicas y privadas de los centros hegemónicos de producción de conocimiento. Planteado de esta manera, no es casual la recuperación del pensamiento crítico de Varsasky que realiza el autor que en los años sesenta ya cuestionaba la tendencia enajenante del productivismo de papers en la ciencia.
 
Ciertamente, las nuevas formas de regulación no se restringen solamente al rol de los sistemas de evaluación sino suponen una restructuración profunda de las funciones estatales donde uno de los rasgos emergentes resulta en el progresivo desdibujamiento de las fronteras en lo estatal y no estatal, entre lo público y lo privado. Tal como señala en su artículo Stephen Ball, la ampliación de los actores en la definición de las políticas sociales y educativas expresa la reconfiguración del gobierno hacia lo que él denomina “gobernanza”, entendiendo por ello una trama de relaciones complejas e inestables donde se cruzan entidades filantrópicas, empresas sociales, organizaciones sin fines de lucro con departamentos públicos y agencias estatales descentralizadas. Actores diferentes pero articulados en dinámicas de mercado que se vuelven no sólo ejecutores de las políticas públicas sino también en redes de conocimiento generadoras de un discurso social especializado.
 
En este sentido, las competencias como discurso y prácticas parecen acompañar la onda expansiva de la evaluación de la calidad en la medida que dicha noción pretende condensar en el saber, el saber hacer y el “saber estar y saber ser” una nueva visión del ser humano. Desde una mirada ácida y revulsiva el artículo de Angelique del Rey deconstruye el discurso de las competencias mostrando su estrecha vinculación con la racionalidad neoliberal que se revela en que el hombre competente es un “hombre sin atributos”. Lo cual significa que para poder adaptarse a las exigencias económicas, para funcionar bien en las sociedades cambiantes, el individuo debe no saber, no saber hacer y sobre todo ser flexible. 
 
  Año 27 / NOV / 2018.02
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