Serena Aylen Santos
A principios del siglo XXI se desarrolló en Argentina un nuevo espacio al que la política educativa oficial denominó socioeducativo; allí coexisten políticas provenientes del campo social y el educativo donde convergen prácticas y estrategias para el gobierno de la pobreza en las que intervienen distintos niveles del Estado y actores socio-comunitarios, dando lugar a la conformación de una red mixta socio-gubernamental sobre el entramado de redes informales y formales ya existentes (Giovine, 2012). En este proceso, las organizaciones de la sociedad civil fueron mayormente reconocidas por el Estado como espacios de inclusión educativa y de apoyo a la escolarización para niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración social.
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